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¿Perros, protegidos por la ley, y los periodistas?: Alfredo Martínez de Aguilar

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Expresamos nuestro apoyo y solidaridad a Benjamín Fernández Pichardo y a su familia, propietarios de El Imparcial, y de manera especial al periodista Miguel Gutiérrez y a su familia.
* De entrada, aclaremos paradas, de ninguna manera se trata de exigir privilegios o canonjías, menos inmunidad y mucho menos todavía impunidad, por el simple hecho de ser periodista.

La denuncia de los propietarios y directivos del diario El Imparcial, por las agresiones y amenazas de muerte a su corresponsal en Puerto Escondido, permite compartir algunas reflexiones.

Expresamos nuestro apoyo y solidaridad a Benjamín Fernández Pichardo y a su familia, y de manera especial al periodista Miguel Gutiérrez y a su familia. Urge que éste presente la denuncia correspondiente ante la Vicefiscalía de la Costa.

Patentizamos el apoyo y solidaridad personal como integrante del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, de la Conferencia Nacional de Empresarios de Medios y del Frente Estatal en Defensa de los Periodistas Oaxaqueños. 

La Fiscalía Especial para Delitos Cometidos en Contra de Periodistas y la Libertad de Expresión, tanto en la Fiscalía General de la República como la del Estado, deben realizar las investigaciones respectivas para garantizar el libre ejercicio periodístico y terminen, de una vez por todas, las prácticas intimidatorias y amenazantes que hoy padecemos.

Ante el insolente calificativo presidencial a los periodistas “perros sin bozal”, obligado es preguntar si, la ley protege a los perros por qué no a los periodistas, sujetos de derechos.

Aunque Oaxaca es la única entidad federativa de la República Mexicana que no cuenta con una Ley de Protección Animal, desde 2015 tipifica como delito algunas conductas de maltrato animal.

Desde febrero de 2015 opera en la capital oaxaqueña el Juzgado Calificador Especializado para la Atención, Erradicación y Sanción de Conductas contra Animales, que sanciona a los agresores.  

El juzgado es el primero en su tipo en México y su función es evitar la violación del Reglamento Sanitario de Control y Protección a los Animales Domésticos de Compañía, vigente en el estado.

De entrada, aclaremos paradas, de ninguna manera se trata de exigir privilegios o canonjías, menos inmunidad y mucho menos todavía impunidad, por el simple hecho de ser periodista.

No es del todo cierto que todas las personas en sus categorías de individuos o ciudadanos, estén expuestos a los mismos riesgos que los periodistas en el desempeño de su labor profesional.

En el mundo de las posibilidades no lo es, por la simple y sencilla razón que los periodistas afectan muchas veces poderosos intereses políticos y económicos al denunciar abusos y corrupción.

Y no solo de los diversos órdenes de gobierno, sino de poderes fácticos como las organizaciones sociales entre las que sobresale por sus agresiones a la prensa la Sección XXII de la CNTE y fanáticos del régimen populista de la Cuarta Transformación.

El Estado de Derecho establece como obligación primaria y primera, garantizar la seguridad de los gobernados, a fin de preservar su libertad, integridad física y su vida, así como su patrimonio.

En tales condiciones, obliga a los diversos órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, a garantizar la seguridad para todos, pero sobre todo a los periodistas, por el alto riesgo que corren.

Los periodistas enfrentan irónicamente una cruel paradoja. Se avanza en la protección de los derechos humanos de tercera generación, pero se cojea en la defensa de los de primera y segunda generación.

Esta dolorosa y lamentable realidad, se agrava ante el incumplimiento por los diversos niveles de gobierno de las resoluciones de las Comisiones y Defensorías, so pretexto de no ser vinculantes.

Miguel Gutiérrez interpuso una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo Oaxaca (DDHPO) sin que cuente con medidas cautelares para garantizar su integridad y la de su familia.

Ante la inacción del Estado y gobiernos mexicanos no queda a los periodistas más que demandar el apoyo e intervención de los organismos internacionales defensores de la libertad de expresión.

Con sobrada razón, Benjamín Fernández exhortó a crear un gran frente para cerrar filas ante el abandono y desamparo en que se encuentran los periodistas oaxaqueños de todos los medios.

El objetivo principal es proteger a quienes ejercen esta noble profesión en los medios impresos, electrónicos y digitales en el estado, sobre todo, en las zonas y lugares más apartados del estado.

El director y gerente general de El Imparcial lamentó que existan condiciones que ponen en riesgo la labor periodística, “las amenazas de muerte y agresiones son reales y provocan temor”.

En conferencia de prensa advirtió que, además, “se observa que la situación será cada vez más grave, por lo que debemos estar unidos para hacer frente a estas situaciones peligrosas”.

Señaló que la falta de solidaridad y fraternidad entre los periodistas origina que se registren agresiones en su contra sin que exista una respuesta oportuna y contundente por parte de las autoridades encargadas de procurar justicia.

Ante las constantes agresiones a los representantes de los medios de comunicación e información, es necesaria la unidad y la solidaridad del gremio para enfrentar los agravios y el abandono en que se encuentra, aseguró Benjamín Fernández Pichardo, director y gerente general de El Imparcial.

A últimas fechas en la región de la Costa, se han presentado amenazas e intimidaciones en contra de su corresponsal por denunciar y documentar el tráfico ilegal de terrenos despojados de sus propietarios, convocó a cerrar filas para enfrentar este tipo de embestidas.

Con el aval del Registro Público de la Propiedad, la mafia de los defraudadores invade terrenos comunales en Puerto Escondido con actas de posesión apócrifas y los venden de manera ilegal. Incluso, el Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, estaría participando en este tráfico ilegal.

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